La presidenta chilena y su equipo afrontan una etapa de desarrollo social en su país.

La marca histórica de mi Gobierno va a estar dada por la consolidación de las bases de un sistema de protección social. De esta manera, estaremos re-encauzando el país en lo que fue su matriz histórica de construcción estatal, de crecimiento con igualdad, de un Estado preocupado por ampliar libertades y el bienestar de sus ciudadanos, que primó durante gran parte del siglo XX.

Ahora, el desafío es cómo construimos las bases de un Estado democrático y social de derecho, a la vez que aseguramos un crecimiento económico sostenido.

En Europa existe una discusión semejante. ¿Cómo reformar el viejo Estado de bienestar, generoso en beneficios, pero con serios problemas de financiamiento y, lo que es peor, en algunos casos con abusos de estos beneficios o perversos desincentivos a la inversión, la iniciativa privada y el empleo? ¿Cómo hacer más eficiente el gasto y mejorar la calidad de los servicios que presta el Estado? La discusión entre los progresistas del viejo continente habla de la construcción de un "nuevo modelo social" europeo.

Un modelo que parte por reconocer las importantes transformaciones estructurales de las últimas décadas en la economía y en la sociedad, y que a la vez se plantea cómo gobernar dichos cambios, antes que negarlos, o lo que es peor, resignarse ante ellos. Algunos, como Giddens, hablan del "nuevo igualitarismo", donde pretende fundir en un solo imperativo progresista la distinción, para algunos un tanto estéril, entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados. Otros, como Ulrich Beck, ponen el acento en el irreversible proceso de transnacionalización de la desigualdad y el consiguiente imperativo de transnacionalizar también las políticas para enfrentarla, un poco en la línea de lo que nos plantea ‘Chacho’ Álvarez en Mercosur, cómo nos integrábamos y hacíamos políticas más unificadas para enfrentar desafíos comunes.

Pero sea cual sea el matiz que coloquemos, lo que aquí aflora es precisamente la esencia del progresismo: creer en la capacidad humana de conducir su propio progreso. En Chile el desafío es aún mayor. Porque si en Europa intentan una construcción moderna del Estado de bienestar, partiendo, llamémosle así, desde la izquierda, nosotros lo hacemos partiendo desde la derecha, desde la matriz neoliberal, asistencialista y subsidiaria que nos legó el Gobierno militar. Por eso es que "el modelo chileno" adquiere tanta relevancia.

Comenzamos en los noventa por lo más urgente: asegurar las libertades básicas, mantener los equilibrios macroeconómicos para que la naciente democracia pudiera sobrevivir, y combatir la enorme pobreza que nos legó el régimen militar. O como describe Castells, el esfuerzo estuvo en pasar de un modelo autoritario excluyente, a un modelo democrático inclusivo. Ahora pasamos a explorar cómo establecemos mínimos sociales, cómo lo hacemos para garantizar derechos sociales a nuestros ciudadanos. Porque tenemos la convicción que un Estado de derecho que no garantiza derechos sociales, termina siendo un Estado de derecha. El resultado neto del esfuerzo inicial de la Concertación no puede dejar de reconocerse, y es precisamente ese éxito, todo lo que hemos logrado en estos años el que nos da la legitimidad para enfrentar los nuevos desafíos.

Reducir la probreza

Logramos reducir la pobreza absoluta a la mitad, desde casi un 40% el año 1990, a poco más del 18% el 2003. Al mismo tiempo, se generó una importante red de organismos y dispositivos especializados en políticas sociales.

Triplicamos el gasto social en salud, estableciendo, al mismo tiempo, un sistema de derechos de acceso garantizado para las principales patologías. En educación, hemos duplicado el gasto, con cifras de cobertura que alcanzan casi al 100% en educación básica y más del 90% en educación media. Uno de cada tres jóvenes cursa estudios superiores, y de ellos siete de cada diez son los primeros en sus familias en acceder a este nivel de estudios. En vivienda, hemos construido más de un millón y medio de soluciones habitacionales.

Hoy, tres de cada cuatro chilenos viven en casa propia. Hemos hecho mucho, pero queda mucho por hacer. Se han generado dinámicas para las cuales las políticas sociales y los instrumentos con que operan no logran dar siempre una respuesta satisfactoria.

Surgen problemas y preocupaciones nuevas, tales como la alta movilidad en el mundo de la pobreza; los diversos tipos de discriminación por edad, condición étnica o género; la fragilidad de condiciones en que se encuentran quienes están apenas sobre la línea de la pobreza; y la constatación de que el crecimiento por sí solo no es garantía de mayor empleo ni de mejores condiciones de vida de las personas. A su vez, se han planteado nuevos imperativos sociales, ya no sólo centrados en el concepto de carencias económicas, sino relativos a eventuales riesgos propios del ciclo vital y de la vida diaria como potencial devastador de la familia, tales como la enfermedad, la pérdida del empleo, la vejez o la discapacidad.

Michelle Bachelet habla en una reunión con la CAF en la que afronta proyectos de desarrollo sin olvidar objetivos sociales

Por otro lado, las soluciones contributivas de seguridad social preexistentes no son suficientes, porque no llevan protección a todos los chilenos. Y si uno, además, asume que con estos 16 años de democracia hay una mayor conciencia de derechos, sin duda, esto plantea lo ineludible y urgente de poder generar nuevas respuestas para abordar lo que Rosanvallon llama "la nueva cuestión social". Es necesario repensar las soluciones de política y de institucionalidad que se hagan cargo de fenómenos que no eran evidentes 16 años atrás. No se responde sólo con el diseño de políticas sectoriales focalizadas en aquellos más vulnerables.

Debe generarse un sistema con una mirada integradora de la política social existente y que permita que ella sea lo suficientemente dinámica para adaptarse a los fuertes cambios y al aumento de las inseguridades en la sociedad moderna. Por eso nuestra respuesta desde Chile al desafío de un moderno Estado social de derecho, es el Sistema de Protección Social. Será un sistema que se irá enriqueciendo con los años y con el crecimiento de nuestro ingreso como país, sin duda. Pero lo central es que la noción de un sistema integral, basado en derechos de las personas, no sólo enumerados, sino garantizados por el Estado, es lo que queremos que quede como legado.

Servicios sociales de calidad

Naturalmente, esta perspectiva tensiona las políticas sociales, imponiéndole mayores desafíos. Se trata de garantizar derechos que son básicos y que si bien hemos dado pasos notables en ese sentido –como lo señalado en salud-, el avance ha sido desigual. Asimismo, implica un desafío respecto del modo cómo satisfacemos estos derechos. Es decir, lo que nos lleva al tema de la "calidad" en el acceso a las prestaciones sociales. Hablamos del derecho a vivienda, pero a vivienda digna, con al menos dos habitaciones, mayor número de metros cuadrados, con mejoramiento del entorno, con entorno seguro. Hablamos del derecho a la educación, pero no sólo a asistir a un establecimiento, sino a recibir una instrucción de calidad, que permita efectivamente contar con las herramientas para salir adelante.

Derecho garantizado a la salud, pero no a cualquier prestación, sino a la que acorte la diferencia entre quien es atendido de manera privada versus quien lo es en el sistema público. La reforma de la salud viene del Gobierno anterior. A mí me correspondió una parte como Ministra de Salud. Nos hemos propuesto profundizar el Plan AUGE. Y aumentar la cobertura de enfermedades al 2010, una red pública fortalecida en su capacidad de atención y una regulación que da garantía de transparencia y calidad. Y así podría seguir con un sinnúmero de ejemplos.

Tenemos la misión de articular un sistema que sea más que la mera suma de las medidas programáticas sectoriales. Lo que se busca es desplegar en una determinada población objetiva todos los componentes del sistema de manera simultánea.

Esta nueva manera de configu desafío no sólo para el gobierno, sino para toda la sociedad, ya que requiere un gran acuerdo nacional para llevarse adelante. Porque como bien dijo en su momento el Banco Mundial, el tema de los derechos no es un tema exclusivo de los abogados, así como el desarrollo no es un tema exclusivo de los economistas. Y ésta es, en esencia, una discusión política con alto contenido técnico, sin duda, porque habrá mejores respuestas que otras, pero esencialmente política. Esa es la propuesta que la Concertación ha hecho al país, y ésta es la opción política que la ciudadanía ha escogido. Así, enfrentar estos nuevos desafíos requiere de una priorización respecto de qué se hace primero y qué después. Es necesario que se debata qué derechos son prioritariamente garantizables. Y también necesitamos acercar miradas e incorporar la visión de trabajo más coordinado, intersectorial y sistémico entre los diferentes actores involucrados. Es por eso que desde el inicio del Gobierno, ya trabajamos armando equipos de ministros: están los del área social, los de ciudad, infraestructura y territorio, los ministros del área económica y los del área política, porque entendemos que sólo es a través de políticas muy combinadas, adecuadas y, yo diría, articuladas, podemos ir configurando una mejor respuesta a cada uno de los problemas y, a la vez, a este sistema que queremos construir. ¿Cuáles son los focos del Sistema de Protección Social?

Protección a la infancia

En primer lugar, está el Sistema de Protección Integral a la Infancia. Siempre he dicho que queremos igualdad desde la partida.

No quisiera que mis palabras sonaran a mi típica cháchara de pediatra, mamá, etc., porque estoy convencida de que tenemos que dar desde la más tierna edad, todas las condiciones a los niños, para que puedan ser no sólo el futuro de Chile, sino el presente.

Este período es fundamental, porque ahí se desarrollan o se dejan de desarrollar todas las potencialidades de las personas, pero a la vez, donde también se originan las desigualdades que se van a ir acrecentando en la medida que estos niños y niñas van creciendo, si no existe un sistema que pueda garantizar que esos talentos y méritos se puedan desarrollar.

Invertir, por tanto, en primera infancia constituye el mejor esfuerzo para eliminar las desigualdades y proveerla de herramientas para contar con una mejor calidad en el futuro.

A través de este sistema, se busca garantizar derechos universales para todos los niños, desde que nacen hasta el primer ciclo básico. El sistema contempla la universalización en el acceso desde el prekinder hasta el cuarto año del ciclo básico; apoyo al desarrollo biosicosocial y programas de educación para todos los niños y niñas. Focaliza acciones en el 40% más vulnerable de la población, buscando asegurar la disponibilidad de salas cuna, jardines infantiles o modalidades equivalentes.

Y esto ya es una prioridad presupuestaria. Crearemos de aquí al 2010, 70 mil nuevos cupos de sala cuna, para llegar al final de mi Gobierno con 100 mil cupos de sala cuna para los niños de 0 a 2 años. Y a su vez, crearemos 43.000 nuevos cupos de jardín infantil para llegar al 2010 con 130.000 cupos para los niños entre 3 y 4 años. En la Comisión Presidencial Asesora trabajamos para garantizar la calidad de la educación para todas y todos en nuestro país. Queremos proteger al niño desde el embarazo y dejarlo en condiciones de igualdad a los ocho años de vida.

Protección a los vulnerables

También tenemos el Sistema de Protección Social Chile Solidario que está orientado a las familias que viven en extrema pobreza. A las 225 mil familias que iniciaron este programa en 2006, se han sumado 50 mil nuevas familias más las personas que viven en situación de calle y adultos mayores pertenecientes a hogares unipersonales.

Pero además, el sistema permite ir incorporando otros segmentos vulnerables, como por ejemplo personas con discapacienfrentar, que tienen relación con fortalecer la red, incorporar nuevos elementos y generar mecanismos más globales que frenen el riesgo de las personas de caer nuevamente en la extrema pobreza. Pero lo central es el esfuerzo por incluir a los tradicionalmente excluidos de las políticas sociales, empoderarlos y entregarles todas las herramientas.

Un tercer componente del sistema es la Protección Social del Trabajo. Sabemos que el crecimiento económico es la base sostenible de toda generación de empleo. Sin embargo, también sabemos que con el crecimiento de la economía no basta y que entre todos debemos preocuparnos de lo que hemos denominado empleo digno y decente.

Queremos perfeccionar el Seguro de Cesantía y tener trabajadores más protegidos y con mayores beneficios. Queremos facilitar la reinserción laboral de quienes han perdido su empleo. Para ello resulta vital una mejor articulación con las iniciativas públicas de interme diación laboral, capacitación, terminación de estudios básicos y medios. Además, la elevada rotación laboral aconseja rebajar las condiciones de acceso al fondo solidario, para acudir en apoyo de los trabajadores más vulnerables en razón de su baja calificación o experiencia. Porque hoy día solamente acceden a ellos quienes tienen contratos indefinidos y luego de cierto tiempo de trabajo. Y la gran mayoría de la gente no alcanza a cumplir esa condición. Por otra parte, promovemos políticas de creación de empleo, sea vía subsidio a la contratación de mano de obra, sea a través de empleo con apoyo fiscal más directo.

También estamos embarcados en una gran reforma del sistema de pensiones. No queremos que el envejecimiento y el retiro del mercado laboral sean sinónimo de pobreza o brusca caída en las condiciones de vida. Eso significa una nueva arquitectura de beneficios, donde se encuentra una Pensión Básica Solidaria, un mayor rendimiento de los ahorros previsionales, mayor competencia, menores costos, mayor información para los usuarios, mejor regulación, en fin. Quisiera destacar cómo entendimos este tema, que tiene que ver con la manera que tenemos que construir este país.

Conformamos primeramente un Comité de Reforma, compuesto por expertos de todo el espectro político, que trabajó con mucho esfuerzo varios meses y entregó un informe de altísima calidad. Y eso da muestras de una convicción mía muy profunda, y es que la construcción de este sistema requiere la voluntad de un Gobierno, pero además requiere de la mirada y el aporte de todos los sectores de la sociedad, porque a la larga, lo que estamos haciendo, es priorizar algunos aspectos sobre otros. Y es importante poder contar con los máximos niveles de consenso. Respecto a la vivienda, defendemos una política de ciudad más que sólo una política de vivienda. Y también contamos con un elemento de participación ciudadana muy importante, que es también la posibilidad de mirar y mejorar la ciudad en sus distintos aspectos.

Recuerdo que algunos se sorprendieron cuando incluí la nueva política de vivienda como una de las cuatro transformaciones de mi Gobierno. En realidad era vivienda, urbanismo, mejor calidad de vida, barrios amables, etc. Los estudios nos indican que la segregación en la ciudad es una de las mayores fuentes de desigualdad y, por consiguiente, de inseguridad y de desprotección. Incluso en países con sistemas generosos de bienestar, como los escandinavos u Holanda, la polarización barrial es la principal fuente de exclusión social. Por eso mi interés en abordar decididamente este tema también como un área central del Gobierno.

Capacidad de propuestas

En definitiva, este mundo incierto nos demanda una gran capacidad de propuestas y gestión como progresistas. El laissez-faire no entrega las claves para una sociedad más justa, con mayor protección, para que los individuos se desarrollen en libertad. Se equivocan quienes creen que a través de la desregulación y la jibarización del Estado podrán avanzar hacia un desarrollo integral. Pero a la vez, también nos percatamos de que muchas veces las viejas recetas, por muy bien intencionadas que sean, no tienen en cuenta las transformaciones.

Hay que mirar el futuro, entonces, creativamente y de manera muy emprendedora, hacia cómo y cuáles son las cosas que tenemos que hacer para lograr este objetivo. Porque el éxito económico no es necesariamente sinónimo de explotación. Tenemos el imperativo de crecer, queremos que exista libertad para innovar. Hay todo un mundo nuevo, globalizado, con mayor participación de la mujer, que nos exige competitividad. Estamos ahí con la obligación de continuar avanzando. Hay una cantidad de retos nuevos, distintos, o algunos no tan nuevos, de los que tenemos que hacernos cargo. El Sistema de protección social que queremos construir en mi Gobierno es nuestra respuesta a este desafío.