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| Latinoamérica debe actuar rápidamente para aprovechar la bonanza económica local. |
En su intervención ante eurodiputados y embajadores latinoamericanos previa a la Cumbre de Lima, Enrique V. Iglesias, Secretario General Iberoamericano, concluía su certero análisis de la situación actual del subcontinente y sus relaciones con Europa con la pregunta ¿es relevante América Latina para Europa? Su propia respuesta era un “sí, pero…” Utilizando la fórmula a la inversa, nos preguntamos por la relevancia de la asistencia exterior de la Unión Europea hacia Latinoamérica que desciende de forma clara, para poner el acento en la necesidad de una mejor redistribución de la riqueza.
La cooperación al desarrollo ha sido tradicionalmente definida como uno de los tres pilares que conforman las relaciones de la Unión Europea con los países en desarrollo de todo el planeta. Junto a ella se sitúan el diálogo político y la marcha hacia la liberalización del comercio entre ambas partes, con mención expresa a las reglas de la OMC (Organización Mundial del Comercio) y a la Ronda de Doha en los últimos años.
La Cumbre de Lima entre las primeras autoridades de América Latina y Caribe y la Unión Europea, celebrada el pasado 16 de mayo, se ha concentrado en la cohesión social y la lucha contra el cambio climático y ha propuesto una serie de medidas y compromisos generales, positivos eso sí, en ambos terrenos. Pero el comunicado final, la llamada “Declaración de Lima”, no establece planes ni calendarios concretos para avanzar en ninguno de los dos campos. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos no parece estar para reformas fiscales, con el fin de conseguir la cohesión social, ni para ralentizar su ritmo de crecimiento en base a preocupaciones medioambientales.
AYUDA DE LA UE
Aunque la UE se ha mantenido en 2007 como el principal donante universal a los países en desarrollo, la cantidad global dedicada a este concepto tanto por la Comisión europea como por los Estados miembros ha descendido, en algunos casos de forma notable. España constituye la única excepción.
Se diría que los responsables europeos de controlar el grifo de la ayuda externa habían presentido la fuerza de la crisis financiera antes que nadie. Citada de una manera fácil, la ayuda global de la UE (CE y Estados miembros) a todos los países en desarrollo durante 2007 ha alcanzado los noventa y tres euros por ciudadano europeo. Por mencionar una cifra igualmente fácil, la cooperación gestionada por la Comisión europea (CE) ha consagrado un euro anual por ciudadano europeo a Latinoamérica, unos 500 millones de euros.
Evidentemente no son cifras comparables. Países como España, Alemania o Italia han contribuido más, de forma bilateral, al desarrollo latinoamericano que la CE. Por ejemplo, cada español ha aportado un euro en 2007 al desarrollo de Honduras o Salvador, y cuatro euros al de Guatemala, frente a los dos euros destinados a Marruecos. Las cifras de la CE muestran la marcha atrás a la que se ve sometida la región por parte de las instituciones comunitarias en este campo. Tendencia que se podía presentir a partir del establecimiento de la nueva política comunitaria de desarrollo (Consenso europeo para el Desarrollo, 2005) En ella se ponía al comercio como prioridad fundamental en el “escalafón de merecimientos” de ayuda comunitaria, en pleno acelerón de cara a conseguir los famosos –y, por ahora, inalcanzables– acuerdos de Doha a los que los “motores” de la región, Brasil y Argentina, se oponen con todas sus fuerzas ante los actuales planteamientos de los países desarrollados. Además del descenso establecido en el documento citado, los nuevos reglamentos exteriores adoptados por la UE a partir de enero de 2007 ya dejaban más que claro que América latina era el gran perdedor en el reparto presupuestario de la cooperación al desarrollo comunitaria.
Al considerarse la región en bloque como “de renta media”, su previsión financiera global para el periodo 2007–2013 se ha visto reducida a algo menos de la mitad (2.690 millones de euros) que la de Asia. Además, la dotación financiera de los llamados “programas temáticos” (5.596 millones de euros durante el periodo de referencia) aumentará esta diferencia, dado que estos programas cubren aspectos del desarrollo –derechos humanos, salud, alimentación…- mucho más en línea con las prioridades definidas por la UE para Asia y África.
COHESIÓN SOCIAL
La Cumbre UE–ALC de Guadalajara, en 2004, identificó por fin la desigualdad como el gran problema para el desarrollo de Latinoamérica. El último estudio del Banco Mundial a este respecto se publicó en 2003 pero no hay datos que puedan justificar una mejoría visible desde entonces, por lo que sigue siendo válida la lúgubre afirmación del Banco Interamericano de Desarrollo un año después: si la riqueza se repartiese en Latinoamérica como en Asia, el número de pobres absolutos sería una quinta parte del que es. En los últimos veinte años, el porcentaje de pobres ha descendido en Latinoamérica, desde el 48 al 36’5 por ciento según la CEPAL2.
Sin embargo, el porcentaje de indigentes ha crecido desde el 10 hasta el 13,41 por ciento. La evolución demográfica de la región hace que, en números absolutos, haya tantos pobres (195 millones) y más indigentes (71 millones) que durante la última década del siglo XX. El 10 por ciento más rico de la población recibe el 48 por ciento de la riqueza generada, mientras el 10 por ciento más pobre sólo “recoge” el 1,6 por ciento.
El crecimiento sin precedentes de Latinoamérica en la última década, con cifras del seis por ciento anual, no se ha traducido en una reducción real de la pobreza ni en un asentamiento sólido de las clases medias tímidamente emergentes en algunos países. La Unión Europea puede seguir contribuyendo en el campo de los servicios públicos esenciales para mejorar la situación de los pobres, educación y salud especialmente. Sin embargo, la creación de escuelas, hospitales o redes de saneamiento de agua seguirán siendo hechos aislados que beneficiarán de manera importante a núcleos de población minoritarios y se verán desbordados en breve ante la evolución demográfica de la región. Es necesaria una auténtica redistribución de la riqueza para la que se conocen sobradamente los protagonistas y los medios. Si los gobiernos latinoamericanos no se lanzan a una reforma fiscal progresiva y moderna, de poco valdrán los esfuerzos de todos los donantes basados en proyectos individuales o programas sectoriales. Con una presión fiscal media del 17 por ciento del PIB (Incluido Brasil que llega al 30 por ciento) pocos avances podrán hacerse hacia una mayor cohesión social efectiva. No parece que la predisposición
de las élites nacionales, desde Río Grande a Tierra del Fuego, pudiese ser más receptiva ante propuestas gubernamentales de reforma fiscal si no se explican bien a toda la población y no se hace todo lo posible para eliminar la sospecha generalizada de corrupción que transpira cada ciudadano latinoamericano.
En este campo sí que puede ser muy eficaz la ayuda de la Unión Europea. Baste recordar el cambio de percepción que los nicaragüenses han manifestado sobre el sistema judicial de su país desde que fuese “reconstruido” con ayuda financiera y asistencia técnica de la UE. Es pues más que positivo que, por fin, las palabras “redistribución” y política fiscal” aparezcan en la Declaración de Lima.
INTEGRACIÓN Y BUEN GOBIERNO
Pocos avances respecto a la integración regional. El MERCOSUR está varado en disputas internas entre Brasil y Argentina y únicamente unido en su oposición al mantenimiento de la Política Agraria Común de la UE.
La CAN está en fase de clara desintegración a pesar de los esfuerzos de Alan García. Únicamente Centroamérica parece avanzar realmente en paralelo hacia una cierta integración regional y hacia la firma de un acuerdo de asociación con la UE. Incluso en este caso habrá que ver qué sucede cuando la negociación llegue al punto crucial de la liberación del comercio en los dos sentidos, con la suspensión del Sistema de Preferencias Generalizadas de la UE flotando en el aire, mientras la gran mayoría de países centroamericanos están lanzados a la firma de cuantos más Tratados de Libre Comercio (TLC) mejor, siguiendo el modelo chileno. Por otra parte, la reciente asociación estratégica de Brasil y México (por separado) con la UE tampoco envía un mensaje adecuado en pro de la integración real de los bloques subregionales.
En cuanto al buen gobierno y los derechos humanos, es una tarea ardua y de largo recorrido para la que sí parece haber consenso y voluntad política por ambas partes. Sin embargo, las derivas populistas en varios países de la región se añaden a una ya larga lista de problemas: la desprotección real de las minorías indígenas en la mayor parte de Latinoamérica, la situación de la mujer en la sociedad y, muy especialmente, la condena a la pobreza perpetua que una buena parte de la infancia sufre debido a las desigualdades imperantes. Los avances reales en este campo, como debería recordar más a menudo Europa, están íntimamente ligados a la cohesión social.
DESARROLLO SOSTENIBLE
Dentro de la lucha contra el cambio climático, algunos pasos se han dado en Lima, el primero de los cuales es la presentación de un nuevo programa bajo el nombre de “EUrocLIMA”. Sin embargo, la actual “fiebre” de cultivo de biocombustibles, unida a la inmediata puesta en explotación de generosos yacimientos de hidrocarburos en Ecuador, Brasil y Bolivia, entre otros, no ofrecen los mejores augurios. Es necesaria la elaboración de una cuidadosa legislación medioambiental, tarea a la que la UE puede prestar su ayuda. Pero es imprescindible que los gobiernos pongan, después, los medios para hacerla efectiva y eficaz y es necesario, por encima de todo, que las multinacionales, en gran parte europeas, que explotan las riquezas naturales de Latinoamérica intensifiquen su inversión socialmente responsable. Europa sigue siendo el mayor inversor en muchos de los países latinoamericanos y lo seguirá siendo pese a algunas amenazas de nacionalización.
LA “REACCIÓN” DE LA UE Y DE AMÉRICA LATINA
En una reciente comunicación de la Comisión europea se reconocen y cifran las tendencias en descenso referidas al principio de este artículo y se invita a los gobiernos de los 27 a “reaccionar” y confirmar sus compromisos dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2010 y 2015, fijados por las Naciones Unidas. La Comisión pide expresamente a los estados miembros que trabajen en cuanto a la planificación de la ayuda a largo plazo (predictability) y la elaboración de cuadros de gastos plurianuales cuantificados y con plazos de disponibilidad.
Menciona tres nuevas áreas de cooperación, a desarrollar de manera prioritaria, particularmente interesantes para Latinoamérica como son la emigración, la energía y el clima, reafirmadas en Lima. Pide la Comisión que 2008 signifique un punto de inflexión en la política de desarrollo de la UE de forma que pueda “marcar la diferencia” y envíe una clara señal política a los países socios, como se denomina ahora a los países beneficiarios de la cooperación.
Por su parte, Latinoamérica tendrá que reflexionar y actuar rápidamente para aprovechar la actual bonanza económica de la región, acentuada por el aumento de sus exportaciones de materias primas, alimentos incluidos, y el aumento de los precios en los mercados mundiales. Para países como Ecuador, México o algunos centroamericanos, es el momento de distribuir más equitativamente entre sus poblaciones estos ingresos extras que compensarán abundantemente las reducciones de remesas de sus emigrantes desde el primer mundo en crisis. El retorno de muchos de estos emigrantes ofrece una posibilidad añadida de utilización de nuevo capital humano. En este campo puede también la asistencia de la UE ser de gran relevancia para Latinoamérica. Con el horizonte en 2013, tanto la UE como América Latina deben tomar decisiones conjuntas sobre el camino que ambas regiones deseen recorrer.
Por muchas razones estamos condenados a marchar juntos. Somos socios estratégicos naturales ante la evolución del planeta marcada por la irrupción asiática y los nuevos riesgos para la estabilidad mundial. Existe un buen nivel de diálogo activo entre las dos regiones.
Aumentan las inversiones europeas en el subcontinente y se asienta, pese a todo, la democracia formal en Latinoamérica. Se diseñan y firman nuevos mecanismos de asociación regionales (los ya mencionados UE–Brasil y UEMéxico) o bilaterales. En este contexto, fundamentalmente positivo, todos nuestros dirigentes deben perfilar el modo en el que los 2.690 millones de euros previstos por la UE para el desarrollo de América Latina hasta 2013 logren “value for money”; es decir, resultados duraderos y eficaces acordes con el gasto. Y no será invirtiéndolos de la manera que se ha hecho mayoritariamente hasta ahora. Habrá que utilizar más la imaginación y el compromiso por ambas partes, desplegar la voluntad política necesaria y poner las bases para que Latinoamérica pueda acometer y financiar todas las infraestructuras sociales que necesita la inmensa mayoría de su población. Sólo de esta forma podremos considerar que la asistencia de la UE a Latinoamérica es relevante para ésta… y para la propia Europa.
