La última conferencia organizada por la Fundación Euroamérica, en colaboración con la Escuela de Graduados en Administración y Política Pública (EGAP) del Instituto Tecnológico de Monterrey, cumplió de lleno con su objetivo: que México y los países de la Unión Europea aprendiesen de sus respectivas experiencias para contribuir al desarrollo de sus reformas estructurales. Para ello se dieron a conocer algunos casos exitosos de mejoras en Europa en boca de algunos de sus protagonistas. Y, en concreto, durante el intenso día de trabajo se hizo hincapié en la reforma económica, judicial, de las telecomunicaciones, y del Estado mexicano.

Todos los ponentes coincidieron que, en México, aunque se han dado importantes avances en las reformas estructurales y existe consenso sobre la necesidad de ir más rápido, dichos avances son insuficientes ante el estancamiento de la actividad económica, la pérdida de la competitividad, la debilidad institucional y la amenaza por la vertiginosa inserción de China en el escenario económico mundial.

(izda) Fernando Jaúregui (dcha) Pedro Solbes

Los principales desafíos a los que se enfrenta el país son el desempleo, el cierre de fábricas, el descenso de inversiones y la fuga de empresas. Aunado a esto existe una debilidad institucional que genera la fragilidad financiera del Estado, un retraso en el sistema judicial, el problema no resuelto del federalismo y, para algunos conferenciantes, la carencia del estado de Derecho. Aparte del estancamiento económico existe un vacío político, una crisis de representatividad, en donde los partidos no generan confianza y el Congreso está dividido en tres líneas ideológicas.

(izda) Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México (dcha) Alejandro Junco, presidente del mexicano Grupo Reforma

Ante esta compleja problemática, los ponentes intentaron dar con el mayor número de soluciones posibles y hablaron del avance logrado en algunas reformas. Por ejemplo, se han obtenido buenos resultados en la apertura comercial, en la crea-ción de instituciones y en la existencia de algunos regímenes como el sistema electoral, el Banco de México, el Instituto Federal de Acceso a la Información y el Seguro de Depósito Bancario. Además se ha fortalecido la autonomía de los poderes legislativo y judicial.

(izda) Sergio García Ramírez (dcha) Antonio Frank Ambos del bufete de abogados Frank, Galicia y Robles

En el arranque de la jornada, Pedro Solbes, por entonces comisario para Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, y hoy ministro de Economía y Hacienda, insistió en que: "existe una relación directa positiva entre el proceso de consecución de las reformas y el comportamiento macroeconómico". Para ello puso como ejemplo la Estrategia de Lisboa, que planteó en la UE la articulación de políticas macroeconómicas sanas y la puesta en marcha de reformas estructurales para promover un mayor nivel de empleo y mejorar la productividad, además de la apertura de los mercados energéticos. Sin embargo, la Estrategia no cumplió todos sus objetivos y se plantearon nuevas fórmulas para eliminar los obstáculos que aún existen en los mercados europeos. Como conclusión, Solbes apuntó que se deben llevar a cabo simultáneamente las reformas del mercado de productos, laboral y financiera, pero en el marco de una estrategia global que tenga en cuenta las nuevas condiciones de la Unión Europea.

(izda) Daniel Vernet, de Le Monde (dcha) Alberto Dorrego de Carlos

A continuación, Carlos Solchaga se mostró realista al explicar que "la complicada búsqueda de consensos en México hace difícil la introducción de reformas estructurales". Para él, antes de poner en marcha las reformas en el país hay que tener en cuenta las cuestiones políticas e institucionales. Para ello, "en México es necesario un cambio en los poderes ejecutivo añadió.

Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, precisó que la estabilidad económica es imprescindible para que las políticas de cambio estructural tengan los efectos deseados. Por ello hay que establecer tres pilares: la disciplina fiscal, la apertura económica y la política monetaria. Con los pies en la tierra, Ortiz aseguró que, en los últimos 15 años, México ha quedado rezagado en cuanto a productividad frente a los Estados Unidos. Por ello, el país debe enfrentarse a tres retos inmediatos. Entre ellos, el ingreso de China a la OMC, que explica la caída de la exportación mexicana a los EE.UU. Además, la pérdida del 20% de los empleos de la industria manufacturera y la pérdida de competitividad en el comercio internacional. Además, según él, la petrolera estatal mexicana Pemex no tiene la capacidad técnica ni financiera de extraer el gas natural, por lo que es indispensable la liberalización del sector energético, Por otra parte, uno de los grandes problemas del país es la baja carga fiscal (de aproximadamente el 15% del PIB), que hace que la inversión pública sea insuficiente. Como última reforma, Ortiz proponía la del mercado de trabajo, pues "los índices de rigidez en la parte de contratación y de despido son muy altos".

(izda) Abel Macero y Carlos López Blanco (dcha) Alejandro Dieck, coordinador de asesores de la Secretaría de Economía de México

La siguiente ponencia trató sobre la reforma judicial. Los participantes; Sergio García Ramírez, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Antonio Frank, del bufete mexicano Frank, Galicia y Robles, y Alejandro Junco, presidente del Grupo Reforma, insistieron en su importancia, ya que de no hacerse, aumentaría la incertidumbre jurídica y afectaría a la inversión productiva y a la competitividad nacional. Sergio García precisó que en 1994 ya se llevó una gran reforma judicial pero Antonio Frank explicó que son importantes los cambios a nivel de la micro justicia para dar estabilidad a la inversión privada. Ambos ponentes debatieron sobre la intención de ingresar su país en la Corte Penal Internacional. Para ellos, los mayores avances logrados han sido la mayor independencia del poder judicial, el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte por parte de la Cámara del Senado y la creación del Consejo de la Judicatura Federal.

(izda) Carlos Solchaga, nuevo presidente de la Fundación Euroamérica (dcha) Porfirio Muñoz Ledo, embajador de México ante la Unión Europea

Alberto Dorrego de Carlos, director general para la modernización de la administración de Justicia en España, afirmó que las ventajas competitivas de un sistema judicial eficiente son superiores a otros elementos a los que el gobierno atribuye mayor importancia, como la infraestructura o la inversión. En síntesis, propuso una metodología para llevar a cabo la reforma judicial: tener un gran consenso político, dotar de estabilidad e integridad a los cambios que se produzcan, y tener en cuenta la legislación, la organización y la innovación tecnológica. Como ejemplo, señaló que en España se creó una jurisdicción comercial dedicada a aquellos temas que más preocupaban a las empresas. Por último, Alejandro Junco explicó que el sistema judicial en México es altamente costoso, denunció que no es normal que la justicia se imparta a puerta cerrada y concluyó que "los beneficios de una reforma judicial serían la competitividad internacional, el aumento de inversiones y la información del poder".

(izda) José Natividad González Parás, gobernador del Estado de Nuevo León (dcha) Lorenzo Zambrano, presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey

La sesión referida a la reforma de las telecomunicaciones y sociedad de la información estuvo integrada por Daniel Vernet, director de relaciones internacionales de Le Monde; Alejandro Dieck, coordinador de asesores de la Secretaría de Economía de México; Abel Hibert Sánchez, comisionado del Área General de Planeación y Análisis Económico (Cofetel); y Carlos López Blanco, anterior secretario de Estado de Telecomunicaciones de España. Vernet abogó por reducir la brecha de acceso digital existente entre los países desarrollados y en vía de desarrollo. "La sociedad de la información debe ser abierta y disponible a todos, algo esencial para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia", reclamó. Abel Hibert, por su parte, precisó que los servicios de telecomunicaciones debían tener tarifas asequibles, y que debía aumentar el acceso telefónico, de Internet y a la televisión.

Como experiencia comparada, Carlos López Blanco afirmó que en los últimos años se habían dado grandes cambios gracias a la liberalización y a la apertura. Así, según él, se logró llevar a cabo la reestructuración de la telefonía móvil, el establecimiento de las bases de un modelo regulatorio y el mantenimiento de entrada a la competencia.

Por último, en la cuarta sesión, referida a la reforma del Estado, participaron Porfirio Muñoz Ledo, embajador de México ante la UE; Alvaro Espina Montero, vocal asesor de la Secretaría de Estado de Economía y Energía de España; José Natividad González, gobernador del Estado de Nuevo León, y Carlos Solchaga. El primer ponente señalo que Vicente Fox no representaba una transición, sino una alternancia, y que México vive en un sistema tripartito que obstaculiza el desarrollo de los gobiernos y que obliga a promover coaliciones para que existan mayorías estables. Como conclusión, Solchaga aseguró que, además de la reforma política, la reforma fiscal es clave. También afirmó que en México es necesario un esfuerzo de consenso, ya que el Estado no puede satisfacer las demandas de los ciudadanos.