La pregunta sobre si el Euro constituye hoy un motor de integración dentro de la Unión Europea o es más bien la consecuencia del proceso mismo de integración vivido en el pasado tiene enormes similitudes con el dilema de la precedencia entre el huevo y la gallina. Cabe poca duda de que el Euro apareció mucho tiempo después de que se iniciara el proceso de integración económica de Europa desatado por la firma del Tratado de Roma y que en este sentido es, cronológicamente hablando, una consecuencia de aquél. Pero tampoco ofrece dudas el papel que hoy juega el Euro en la aceleración de la integración europea no sólo de los mercados financieros y de capitales o por el hecho de implicar un solo tipo de cambio y una sola política monetaria para doce países, sino también, en la profundización de la transparencia en los mercados reales de esos países, la reducción de los costes de información y de transacciones, la eliminación del riesgo de cambio en las operaciones transfronterizas dentro de la región y el aumento de la competencia a todo lo ancho de dichos mercados.

Lo cierto es que la cronología de la experiencia europea nada nos dice sobre la lógica conexión entre integración real e integración monetaria. Cuál debe preceder a la otra o cuál implica por necesidad a la otra. Ambas se retroalimentan y el orden de su desarrollo viene implicado antes por las circunstancias históricas en las que tienen lugar los diversos procesos de integración económica (y quizás política) que por la necesidad lógica. La historia también nos depara precedentes para todo los gustos: uniones monetarias poco exigentes sin acuerdos comerciales y aduaneros, como la Unión Monetaria Latina del siglo XIX, o las áreas de cambio más modernas junto a procesos de integración comercial y aduanera en diversos grados, sin referencias a una moneda única, como la C.E.E. originaria, EFTA y otros procesos de integración regional del siglo XX tanto en Europa como en Asia o en América Latina.

El problema hoy se plantea no como una curiosidad académica, sino precisamente porque en las circunstancias históricas que viven procesos de integración regional como el TLC de América del Norte o el proyecto Mercosur sienten que la ausencia de una única moneda puede ser en estos momentos una dificultad adicional para el éxito del proyecto emprendido. La cuestión se plantea también en un contexto en el que las propuestas de dolarización o, en general, de adopción de una divisa fuerte como moneda nacional están a la orden del día.



Pensando con la Historia -como le gusta decir a Carl E. Schorske- no es difícil comprender por qué en 1957, en el momento de la creación de la Comunidad Económica Europea, ni siquiera se consideró una posibilidad viable utilizar la moneda y la política monetaria única como una herramienta de integración. En primer lugar, porque la soberanía monetaria ha sido desde siempre uno de los pilares de los viejos estados-nación de Europa y hubiera sido un error histórico empezar un proceso de integración económica cuyo objetivo político era la eliminación a plazo de la confrontación histórica entre los países Europeos- y de manera fundamental entre Francia y Alemania-, exigiendo importantes cesiones de soberanía nacional cuando sólo lentamente se había de construir la Unión Aduanera y se desarrollaría con toda parsimonia la Política Agrícola y Comercial Comunes, cuyo impacto sobre las soberanías nacionales era mucho más modesto.

Pero, en segundo lugar, porque tal pretensión tenía muy poco sentido en el orden internacional en el que se construyó la Comunidad Económica Europea. El papel de la moneda única en el proceso de integración no es tan sólo el que hemos definido enfatizando las consecuencias positivas derivadas de la misma unas líneas más arriba. Es, sobre todo, hacer prevalecer las reglas de la competencia en la asignación de recursos impidiendo que éstas sean desvirtuadas por decisiones políticas sobre la fijación del tipo de cambio (en otras palabras, devaluaciones competitivas). En los cincuenta, como es bien conocido, estaban en pleno vigor los acuerdos de Bretton/Woods y nada parecía amenazar seriamente su supervivencia a pesar de las discusiones sobre la escasez o abundancia de dólares y la situación asimétrica de la moneda americana respecto de cualquier otra, dadas las características del Sistema Monetario Internacional a que aquellos acuerdos habían dado lugar. Por otro lado, subsistían los controles de cambio y la balanza de capitales no estaba liberalizada en ninguno de los seis países fundadores de la C.E.E. De este modo, en un ambiente de estabilidad cambiaría y en ausencia de libertad total de movimientos de capitales la volatilidad de los tipos de cambio era prácticamente cero y las decisiones políticas de modificación de los tipos de cambio eran infrecuentes y no venían sino a reconocer los desajustes de balanza de pagos que la mayor inflación -acompañada o no de mayor crecimiento- había producido en algunos países restaurando un tipo de cambio real competitivo. En este panorama sin apenas incidencias, el incremento de la productividad en Alemania se tradujo en una reevaluación continuada del marco alemán en tanto que la mayor inestabilidad económica y política de Francia -a finales de los cincuenta- y de Italia -ya en los sesenta- en una devaluación de las monedas correspondientes acomodándose según su conveniencia las monedas del Benelux. No hubo pánicos bancarios ni cambiarios, no hubo recelos ni reproches: todo parecía funcionar bien en el mejor de los mundos posibles. A pesar de su rigidez teórica, un mundo de tipos de cambio fijos aunque revisables dentro de la ortodoxia del Fondo Monetario Internacional era perfectamente útil para resolver las situaciones de desequilibrio y no constituía ningún problema para el progreso de la integración económica en Europa.

Las cosas, como es sabido, cambiaron significativamente en los años setenta. Para entonces se habían eliminado la mayoría de los controles de cambio, se había extendido la convertibilidad y habían caído muchas de las restricciones a los movimientos de capital en los países europeos. Pero además había desaparecido en el camino el sistema basado en los acuerdos de Bretton-Woods y los cambios habían dejado de ser fijos. En estas circunstancias mucho más inciertas tan sólo hacia falta un acontecimiento grave de alcance internacional para que se pusiera de manifiesto la volatilidad de los cambios y sus efectos perversos sobre los procesos de integración económica. Podía haber sido una guerra o una crisis financiera grave en los Estados Unidos lo que hubiera desatado la inestabilidad. Y en algún sentido, fue precisamente una guerra (la de Yom-Kippur en 1973) la que puso en marcha las sucesivas crisis del petróleo que vinieron a terminar con este panorama de estabilidad cambiaría en el seno de la C.E.E. ya constituida entonces por nueve países con la adhesión del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca.

El deseo de contrarrestar a nivel nacional los dramáticos efectos indeseados de la crisis del petróleo -aunque fuera a costa de minar el proceso de integración Europeo y de extender el "Euroesceptisismo"- al grito de sálvese quien pueda y el hecho de que las consecuencias de dicha crisis fueran asimétricas dentro de los países de la C.E.E. puso en marcha un proceso de inestabilidad cambiaria acompañado de una atmósfera de recelo entre los países miembros y de pasos atrás en la realidad -que no en la vigencia de los objetivos- de integración económica.

Lo que siguió es bien conocido. La reacción europeísta fue poner en marcha un acuerdo cambiario- la "serpiente Europea" con el fin de impedir que los shocks externos afectaran de forma asimétrica a los distintos países miembros. Bien pronto se vio, sin embargo, que el proyecto estaba destinado al fracaso si, por otra parte, las políticas económicas de los distintos países no convergían y no existían mecanismos suficientes de coordinación de las mismas. Tras el fallo de la "serpiente monetaria" y bajo la égida de acabar con la inflación antes de promover cualquier intento de relanzar el crecimiento que se impuso como nueva ortodoxia en la política económica de los países de la C.E.E., se creó el mecanismo mucho más adaptado a las nuevas necesidades conocido como el Sistema Monetario Europeo (S.M.E.) Conviene señalar que el nuevo mecanismo de regulación en los cambios se puso en marcha con muchas precauciones. La pertenencia de las distintas monedas al S.M.E. era cuestión voluntaria, no obligatoria. De modo que dentro del área de la C.E.E. convivían monedas dentro del sistema con monedas ajenas a los compromisos del mismo como la libra esterlina. En segundo lugar, el mecanismo regulatorio no era la consecuencia de un acuerdo entre Estados-Miembros, sino, de manera menos comprometedora, entre Bancos Centrales de los distintos países. En tercer lugar, las bandas de fluctuación de los cambios no eran iguales para todas las monedas. Así, por ejemplo, la lira italiana, considerada una moneda más volátil, tenía una banda de fluctuación de seis puntos porcentuales respecto del tipo central declarado frente a los tres puntos que tenían la generalidad de las monedas. Finalmente cualquier realineamiento de la parrilla de tipos de cambio solicitado por un país con problemas requería para su puesta en práctica del consenso de todos los demás participantes en el Sistema y con frecuencia, conllevaba el movimiento -generalmente moderado- de otros tipos de cambio centrales de otras monedas. Pero lo más importante es que los mercados percibían que, junto con esta mayor capacidad de intervención conjunta en los mercados de cambio nacida de la coordinación de los Bancos Centrales y con la mayor racionalidad introducida en la decisión sobre las magnitudes de los ajustes cambiarios y sus efectos cruzados dentro del sistema, los países que participaban en el experimento tenían políticas económicas crecientemente convergentes con procedimientos de intercambio de información y experiencias cada vez más efectivas. A fines de los años ochenta estaba ya bastante claro que las reservas de divisas acumuladas eran insuficientes para detener una ola especulativa en los mercados de cambios habida cuenta de la magnitud alcanzada por los movimientos de capital a corto plazo.

Esto último se puso dramáticamente de manifiesto en la crisis del S.M.E. en 1992, propiciada por las consecuencias del contradictorio mix de política económica alemana que se derivó del proceso de unificación puesto en marcha tras la caída del Muro de Berlín, en un contexto en el que el cambio de algunas monedas como la libra esterlina, la lira italiana o la peseta de España estaban claramente sobrevalorados.

La paradoja de esta experiencia es que la inestabilidad cambiaria del bienio 1992-93 vivida en medio de una fuerte depresión y una grave caída de las expectativas de crecimiento no condujo a los países europeos a romper con cualquier esperanza de estabilidad de los cambios entre sus monedas o a dar por perdida cualquier posibilidad de coordinación de sus políticas macroeconómicas. Antes al contrario, el Tratado de Maastricht con la creación en etapas de la moneda única (el Euro) y del Banco Central Europeo (y el Sistema Europeo de Bancos Centrales) siguió adelante con mayores exigencias en materia de convergencia de políticas macroeconómicas. La razón fundamental, en mi opinión - sin descartar los objetivos políticos del mismo, reforzados ahora por la ruptura del equilibrio político y económico entre Francia y Alemania, después de la reunificación de esta última y desaparecidas muchas de las restricciones del orden estratégico derivado de la Guerra Fría fue precisamente el convencimiento de que en el nuevo contexto europeo era imposible mantener la cohesión en el proceso de integración de la Unión Europea sin eliminar los obstáculos de todo tipo que representaba la inestabilidad de los cambios entre las distintas monedas de los países miembros en un mundo con plena libertad de movimientos de capital.

Esta breve historia del proceso integrador de la Unión Europea sería, me parece, mal entendida si se interpretara como la prueba evidente de que una avanzada integración en materia económica y comercial es la condición previa para el desarrollo de una integración en materia monetaria y financiera que pueda culminar o no en una moneda y una política monetaria únicas. La lectura adecuada de la misma debería por el contrario llevarnos a tres conclusiones. Primero, las ventajas derivadas de una integración económica abierta (apertura de los mercados nacionales, mejora de la eficiencia a través de la competencia y la más correcta asignación de recursos... etc) se evaporan si no existe certidumbre razonable sobre la evolución de los cambios de las monedas implicadas. Segundo, en un mundo de cambios flotantes como el actual y de libertad de movimientos de capital, tal certidumbre sólo se puede alcanzar si existe una voluntad política clara de integración que se traduzca en una convergencia leal de las políticas macroeconómicas de los diversos miembros implicados y un sistema acordado de incentivos y sanciones que favorezca este comportamiento. Tercero, la voluntad política se ve reforzada por la propia estabilidad cambiaria y debilitada enormemente por los episodios de inestabilidad que quiebran las relaciones de competitividad entre los países concernidos.

En conclusión, aunque es innegable que los procesos de integración económica propician y refuerzan los de integración financiera, en las circunstancias históricas que vivimos hoy más bien parecería que una base de integración macroeconómica y monetaria es indispensable para asegurar el éxito de la integración económica. Pero ciertamente de poco servirá a la integración coordinar las políticas macroeconómicas y alcanzar compromisos cambiarios si al mismo tiempo se ponen obstáculos disimulados a los intercambios comerciales, se dificulta la libertad de establecimiento mediante sutiles barreras de entrada y se retrasa la unificación del mercado interno. Pero si se hace esto último, ¿cómo se puede hablar de verdadera voluntad política de integración?