El proceso de globalización que ha experimentado la economía mundial en las últimas décadas plantea numerosos retos. La globalización, entendida como el proceso por el cual las decisiones económicas rebasan el ámbito nacional para considerar las oportunidades a nivel mundial, proporciona la posibilidad de un aumento de la eficiencia en la asignación de recursos económicos y financieros. Esto es especialmente importante en el contexto actual de desarrollo de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, que resultan cruciales en la denominada "nueva economía".

Está claro que, desde esta perspectiva, todos los países en su conjunto deberían beneficiarse de la mejora de la eficiencia a nivel mundial, en especial los países emergentes con un mayor potencial de crecimiento, como los países iberoamericanos.

Ahora bien, las economías que pretendan sacar partido de las ventajas indudables que proporciona la globalización deben también estar preparadas para asumir este reto.

Así, las ventajas de la liberalización comercial sólo se aprovecharán de forma adecuada si las economías adoptan una clara vocación exterior. La integración regional, como paso previo a la multilateralización de los intercambios, constituye una apuesta fundamental por dicha vocación de internacionalización y un pilar del crecimiento y del desarrollo futuros.

Paralelamente, las oportunidades que ofrecen los mercados financieros internacionales sólo son compatibles con un marco de eficiencia, competencia y adecuada supervisión de los mercados financieros nacionales, con una normativa clara y efectiva en materia de control de riesgos y unas instituciones de supervisión efectivas, ya que en un contexto de globalización los capitales se transforman en árbitros implacables del grado de credibilidad de las economías. En este ámbito también una integración regional que rebase el ámbito meramente comercial resulta una opción inmejorable para la puesta en común de esfuerzos y el logro de sinergias positivas. En el caso de Iberoamérica, España, por sus especiales lazos históricos, económicos y culturales, siempre ha querido servir de cabeza de puente entre este continente y el europeo, apoyando el estrechamiento de los vínculos económicos bilaterales, los procesos de integración regional iberoamericanos, y los esfuerzos por extender estos esfuerzos al ámbito de las relaciones entre la Unión Europea e Iberoamérica.

España, que es consciente de que los procesos de integración tienen tantas más posibilidades de éxito cuanto más ambiciosos sean los objetivos de cooperación, ha apostado siempre por el continente iberoamericano. Prueba de ello es que Iberoamérica, a donde se dirigen hoy más de un billón de pesetas en exportaciones y de donde provienen casi 900 mil millones de pesetas en forma de importaciones, es hoy en día el segundo socio comercial de España después de la Unión Europea.

Esta especial relación se multiplica en un aspecto tan importante de la globalización como es la inversión directa empresarial, fuente al mismo tiempo de financiación exterior con vocación de permanencia y de tecnología y gestión empresarial. Así, España, sexto inversor mundial, destinó en 1999 el 70% de su inversión directa en el exterior, es decir, unos 24.000 millones de dólares, a los países iberoamericanos. Esta apuesta por Iberoamérica se extiende al apoyo del gobierno español al desarrollo del continente, en un triple ámbito.

En primer lugar, con la profundización de las relaciones bilaterales a través de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, Convenios para evitar la Doble Imposición y los distintos Acuerdos de Cooperación Económica Bilaterales firmados con los distintos países de Latinoamérica, actividades que en el caso de los países con mayor nivel de desarrollo se centran en las áreas de la pro-moción, intercambio de información y formación comercial, mientras que en el caso de países susceptibles de financiación concesional se centran en el denominado Fondo de Ayuda al Desarrollo, del que Iberoamérica recibió en 1999 un 44% de los más de 77.000 millones de pesetas destinados a este efecto. En segundo lugar, a través de una apuesta firme y decidida por los procesos de integración regionales, como los de Mercosur o el Pacto Andino, y por la potenciación de las relaciones entre Europa e Iberoamérica, a través del estímulo a la firma del acuerdo entre la Unión Europea y México, en un primer momento, y actualmente con el impulso para la conclusión de las negociaciones entre la UE y Mercosur y Chile.

Pero además, consciente de que en una economía globalizada el éxito de la integración sólo es posible con un adecuado marco de cooperación y estabilidad financiera, España quiere contribuir al desarrollo de la región en todos sus frentes: por un lado, mediante la ayuda al desarrollo tradicional, como a través de la Iniciativa HIPC, donde la aportación española asciende a más de 1.000 millones de dólares, entre aportaciones bilaterales (772 millones), deuda ya condonada (55 millones) y aportación multilateral (179 millones), o el compromiso de más de 500 millones de dólares para la Facilidad para Reducción de la Pobreza y para el Crecimiento, donde parte se destinará países iberoamericanos; por otro lado, mediante una ayuda al desarrollo con una concepción más moderna: el apoyo financiero para la prevención y gestión de las posibles crisis, que se ha materializado en aportaciones adicionales de España al FMI (3.000 millones de dólares) y al paquete de apoyo a Brasil, donde comprometió una aportación de 1.000 millones de dólares, similar a la de los países del G-7. En este sentido, España, que considera la estabilidad de los mercados financieros iberoamericanos como un interés común, está apoyando activamente la adopción de una posición conjunta con los países latinoamericanos para adoptar posiciones comunes en el debate actual sobre la nueva arquitectura financiera internacional.

Todo ello se deriva necesariamente de la convicción de que la globalización no es tanto una opción como una evolución lógica de la economía mundial, cuyos beneficios permiten aumentar el bienestar de los ciudadanos si se está dispuesto a apostar por la eficiencia, la competitividad y la cooperación regional y multilateral.